El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios para ampliar y fortalecer la protección y seguridad de las personas usuarias de motocicletas y de la ciudadanía en general, mediante el uso adecuado de cascos certificados, elementos reflejantes en la indumentaria de los usuarios y aditamentos luminosos indispensables. Las modificaciones contemplan que dentro de las facultades de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad se colabore con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y las demás dependencias y entidades estatales y municipales, en la implementación de campañas informativas y de concientización sobre los efectos negativos de la contaminación por ruido que incidan en la materia de movilidad. También que en las atribuciones de los ayuntamientos abarquen programas y campañas de educación peatonal, vial y cortesía urbana, seguridad proactiva de la motocicleta, del uso adecuado del casco certificado, elementos reflectantes, número de personas permitidas y sistema de iluminación en condiciones óptimas. Asimismo, que dentro de las obligaciones de las personas conductoras y operadoras de vehículos motorizados, en el caso de motocicletas, sólo podrán viajar las personas que puedan sostenerse por sí mismas y que no excedan la capacidad de tripulantes señaladas en la tarjeta de circulación; hacer uso adecuado de un casco certificado, debidamente abrochado, colocado, y de su talla, que cumpla con las especificaciones o características contenidas en la NOM-206-SCFI/SSA2-2018 o la que la sustituya, u homologaciones internacionales y portar en su indumentaria personal elementos reflectantes visibles; En lo anterior, se incluye que las personas usuarias de motocicletas deberán abstenerse de modificar, sustituir o retirar el claxon, la bocina, el escape o los silenciadores, cuando dicha modificación genere emisiones sonoras que excedan los límites máximos permisibles establecidos por la norma oficial mexicana o en las disposiciones ambientales y de tránsito que resulten aplicables. Finalmente, que toda motocicleta que transite en las vías públicas del Estado se deberá encontrar en condiciones de funcionamiento mecánicas y técnicas satisfactorias y estar equipada, al menos, con los dispositivos siguientes: a) Un faro en la parte delantera con mecanismo de luz de baja y alta intensidad; b) Dos espejos retrovisores laterales; y c) Una luz indicadora de frenado color roja reflejante, luces direccionales e intermitentes en la parte trasera y delantera. Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que el dictamen a discusión tiene como finalidad fortalecer el marco jurídico en materia de movilidad para proteger a quienes utilizan motocicletas y garantizar que todas las personas en nuestro estado puedan ejercer su derecho a una movilidad segura y sustentable. Añadió que lo anterior es resultado de un proceso abierto, transparente y participativo que contiene todas las distintas opiniones técnicas, análisis institucional y los aportes expresados por autoridades, personas académicas, especialistas y sociedad civil durante el periodo de recepción de comentarios, así como en los foros regionales realizados en León, Moroleón, Celaya y Guanajuato Capital. Finalmente, la legisladora precisó tras escuchar a personas prestadoras y usuarias del servicio, autoridades, plataformas y especialistas en la materia, se llegó a una conclusión común que la prohibición no es la solución, porque el limitar las oportunidades de ingreso de cientos de familias que se dedican a su prestación o el cerrar alternativas de movilidad no resolvería el problema, debido a que diversas personas dependen de la prestación de este servicio para trasladarse o para trabajar. En su intervención, la diputada Luz Itzel Mendo González enfatizó que se trabajó más allá de los colores y las cuestiones partidistas, que habían escuchado las voces de la ciudadanía y se enfocaron única y exclusivamente en la seguridad, la integridad y los derechos de las personas que utilizan las motocicletas. Aseguró que las motos son herramientas de trabajo, el sustento de familias y medios de transporte ágiles y económicos. Agregó que, ante el crecimiento exponencial, no podían cerrar los ojos y que, si bien se reconocen sus bondades, también los riesgos inminentes. Mendo González puntualizó que su labor no era castigar al motociclista, sino proteger; que no se trataba de prohibir sino de regular. Asimismo, enfatizó que se debe privilegiar la seguridad por encima de todo, a fin de que todas las personas que usan motocicletas, independientemente de si es por necesidad o por gusto, tengan las garantías para regresar a sus casas con bien. Por su parte, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas externó que la movilidad es un derecho que obliga a las autoridades a ser cada vez más proactivos en la búsqueda de mejores soluciones para el traslado de la población, aunado a que las modificaciones abonan a la seguridad vial y representan un avance en situaciones que preocupan a la sociedad. También comentó que en la entidad la Secretaría de Finanzas tiene un padrón de registro de 696 mil 427 motocicletas que refleja la nueva realidad y que supera el marco jurídico actual y que se tiene que trabajar en las nuevas modalidades de transporte para poder avanzar sustantivamente en la seguridad de las personas. En su oportunidad, el diputado Ernesto Millán Soberanes indicó que la seguridad era el tema principal sobre el que giraba el dictamen en comento. Habló sobre el proceso legislativo en el que se realizaron cuatro foros y las aportaciones enriquecieron la propuesta en equipamiento de personas, número de tripulantes, cascos certificados y disminución de ruido. Mencionó que lo que se busca es velar por la seguridad de quienes utilizan motocicleta como medio de transporte o trabajo, pero también por los peatones. En ese sentido, resaltó la importancia del uso correcto y de que el caso sea certificado para reducir el riesgo de muerte en un accidente; los aditamentos que deben tener esos vehículos, entre otros aspectos. Concluyó al decir que el dictamen fue analizado, estudiado y siempre viendo por la seguridad de los motociclistas y los suyos. El legislador Alejandro Arias Ávila señaló que el ejercicio realizado por la comisión mediante una consulta con foros itinerantes y con la amplia participación de quienes afrontan las complicaciones del uso de una motocicleta dejó en claro que la propuesta tal como se planteó tenía áreas de oportunidad. Expresó que, en el ejercicio de escucha, la ciudadanía refirió que prohibir el servicio de “mototaxi” sí tenía un impacto de género, debido a que más del 55% de los usuarios solicitantes son mujeres, quienes ven en dichos servicios una opción de movilidad segura y rápida, especialmente para traslados cortos que conectan con otros medios de transporte. Asimismo, dijo que se deberán de generarse políticas públicas efectivas que no afecten las economías familiares por la adquisición de nuevos implementos de seguridad, toda vez que son las familias las que en su inmensa mayoría, la motocicleta representa su único medio de transporte. Para finalizar, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván se pronunció a favor de la propuesta y destacó que parte de las ideas que se plasmaron surgen de la escucha de ciudadanas y ciudadanos, que se está regularizando el ruido de las motociclistas; el uso del casco, que garantiza la seguridad de las personas que se trasladan en una moto; y el número de personas que pueden transportarse en ellas. Además, hizo un llamado a los municipios porque, dijo, los aplicadores de las reformas serán ellos y éstas serán efectivas en la medida en que lo hagan. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en lo general. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H Al ser sometido a votación en lo particular, el diputado Alejandro Arias Ávila presentó una reserva al artículo tercero transitorio que propone que se abrogue el Decreto Legislativo 77 expedido por la 66 Legislatura, al precisar que fue aprobado por unanimidad de la Asamblea y que hoy se trataba de desechar sin dar oportunidad a que sea aplicado y evaluado incluso por la unidad de impacto legislativo, es decir, saber si la propuesta es bien recibida por los ciudadanos o en efecto, resultó ser una norma inoperante. La propuesta no fue avalada.