El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) embargó, de manera irregular, 11 millones 225 mil 279 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019 al Ayuntamiento de Santa María del Río para el pago de un laudo laboral al ex trabajador Gustavo Baltazar Castillo “N”, correspondiente a un juicio que data desde 2006, según consta en un boletín de prensa enviado por el propio ayuntamiento. El síndico municipal de este ayuntamiento, José Luis Licea Cayetano, asegura que dicho embargo es irregular, dado que los artículos 3, 9 y 20 del Código Fiscal del Estado impiden la entrega a particulares de recursos federales, como es el FISM, además de que dicha partida se usaría para realizar obras y acciones en beneficio de la gente más pobre en dicho municipio. El funcionario señala que ya existen denuncias penales en contra del beneficiario J. Gustavo Baltazar Castillo N., contra la titular del TECA, Rosa de Guadalupe Cervantes “N”, contra el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, Marcos Efrén Gutiérrez “N” y contra el apoderado legal del Banco Mercantil del Norte (Banorte), Ángel Raudel Sotelo “N”, debido a que “se han cometido diversos actos con apariencia de delito”, en torno al juicio laboral 699/2009 M-4. También anuncia que presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE), además pedirán al Congreso del Estado iniciar un juicio en contra de la presidenta del TECA, toda vez que aseguran que este juicio ha estado plagado de irregularidades, que derivaron en el encarcelamiento del ex presidente municipal, Pascual Martínez Martínez, en 2012. Además de Santa María del Río, señala el documento, este tipo de irregularidades ya han ocurrido en otros municipios. Incluso, cabe mencionar, que las instalaciones del TECA, se encuentran tomadas por habitantes de Villa de Ramos, inconformes con resoluciones en materia laboral.