Este sábado 1° de febrero entró en vigor la reforma a la Ley Ambiental del Estado que prohíbe el uso de bolsas y popotes de plástico en establecimientos comerciales, sin embargo, tras un año y cinco meses de que esta ley se aprobó (7 de septiembre de 2018), San Luis Potosí no está preparado para dar cumplimiento a esta legislación, razón por la cual, el pasado jueves, los diputados decidieron aprobar una reforma que aplaza la imposición de multas hasta el 1° de enero de 2021. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Juan Carlos Banda Calderón, dijo que ni la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) ni el Ayuntamiento tienen un padrón de empresas proveedoras de bolsas biodegradables, por lo que los empresarios del sector no tienen la certeza de si los actuales proveedores venden productos cuyos componentes cumplan con lo que marca la ley. Esta problemática generó que, el pasado jueves, la actual legislatura aprobara nuevas reformas a la Ley Ambiental del Estado, que obligan a la Segam a registrar a todos los proveedores de bolsas biodegradables en la entidad, a quienes les deberá solicitar pruebas de laboratorio para garantizar que venden bolsas que cumplen con el 80 por ciento de componentes biodegradables y compostables. También obliga a Segam a publicar un padrón de estos proveedores a través de su página de internet. Banda Calderón dijo que, por esta razón, ni siquiera se ha hecho un censo para conocer cuántos de los afiliados de Canirac ya retiraron las bolsas de plástico de sus establecimientos, aunque dijo que en el caso de los popotes sí se sabe que el 90 por ciento de los restaurantes ya dejaron de utilizarlos. LEY ERA DEFICIENTE

La vicepresidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el Congreso del Estado, Beatriz Benavente Rodríguez, reconoció que la anterior reforma, aprobada desde septiembre de 2018, tenía algunas deficiencias, por lo que decidieron corregirla en una nueva reforma aprobada el pasado jueves. Entre estas deficiencias estaba que era demasiado específica en cuanto a los materiales que debían tener las bolsas, lo que generaba que solo dos proveedores en México cumplieran con las características de bolsas que exigía la ley. Otra de las deficiencias consistía en que no había criterios claros para la aplicación de multas a establecimientos que violaran la ley, ya que establecía sanciones que iban desde las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) hasta las 60 mil, es decir que se podían llegar a aplicar multas de hasta 5.2 millones de pesos a pequeñas tiendas de abarrotes. Por esta razón, los legisladores decidieron, en la reforma aprobada el pasado jueves, reducir los montos de multas y establecer criterios claros para la aplicación de las mismas, basados en la cantidad de metros cuadrados que ocupa el establecimiento, de tal forma que negocios de menos de 30 metros cuadrados pagarán sanciones de apenas 260 o 434 pesos, según si es reincidente; mientras que grandes comercios de más de 5 mil metros cuadrados tendrán que pagar multas de 121 mil 632 o 173 mil 760 pesos.  APLAZARON MULTAS HASTA 2021

Esta serie de deficiencias han impedido que esta ley entre en vigor al 100 por ciento. En una primera instancia, se tenía contemplado que la prohibición entrara en vigencia el 2 de octubre del año pasado, sin embargo la actual legislatura decidió aplazar su entrada en vigor hasta este 1° de febrero de 2019 y el pasado jueves los legisladores tomaron la decisión de aplazar las multas y clausuras temporales a negocios que violen la ley hasta el 1° de enero de 2021, es decir 2 años y 4 meses después de la aprobación de esta ley. La diputada Beatriz Benavente minimizó los efectos de esta decisión al señalar que el objetivo de esta legislación no es recaudatorio, sino de concientización de la población para que evite el uso del plástico. Para Cristopher Miranda Morales, representante de Greenpeace en San Luis Potosí, quien fue uno de los promotores de esta ley, el hecho de haber aplazado la aplicación de multas hasta 2021 sí podría afectar la percepción que tiene la gente sobre esta ley, sin embargo, consideró que ello no impedirá el cumplimiento de esta prohibición, dado que por sí misma la legislación ya está generando una cultura al respecto. El activista dejó ver las afectaciones al medio ambiente que implica el uso de plásticos, ya que se calcula que un mexicano promedio usa 650 bolsas de plástico y 48 kilogramos de plástico al año, además se calcula que el uso de plásticos afecta a más de 600 especies marinas en México y más de un millón de aves marinas mueren anualmente en el mundo por este mismo motivo. La reforma aprobada el pasado jueves sí permite que, a partir de este año, el ayuntamiento inspeccione establecimientos para verificar que no están usando bolsas de plástico y en caso de encontrarse violaciones a esta ley decomisar las bolsas y efectuar amonestaciones con apercibimiento por escrito; además de que los establecimientos están obligados a otorgar de forma gratuita bolsas biodegradables a sus clientes. La legislación también establece penas de uno a cuatro años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 400 días de UMA a quien se ostente, sin serlo, como inspector municipal para verificar el cumplimiento de esta ley en establecimientos, toda vez que el año pasado se reportó la presencia de inspectores falsos que intentaron extorsionar a algunos establecimientos que seguían proveyendo bolsas de plástico a sus clientes.