Editorial EL UNIVERSAL / Insabi: ¿sumar o restar? La desaparición del Seguro Popular y la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, que ocurrió en el primer minuto de este año, se dio en medio de desinformación, de cambio de tarifas y de versiones encontradas entre funcionarios del sector sobre la gratuidad de los servicios. Al mismo tiempo algunos mandatarios estatales señalaron que no se incorporarían al nuevo esquema; la respuesta desde la instancia federal fue que si no se adherían al 31 de enero los estados no tendrán acceso al presupuesto extra para los servicios de salud de su población. Se trata de una partida presupuestal de 40 mil millones de pesos que serán utilizados para garantizar la gratuidad de los servicios, pero solo serán distribuidos en los estados que suscriban el convenio con el gobierno federal. Hasta ahora un grupo de nueve gobernadores no ha firmado su adhesión al Insabi, bajo el argumento de que las reglas de operación del nuevo organismo no son claras y de que se pone en riesgo el control de sus gobiernos en los servicios sanitarios que sus estados han construido. Este lunes hicieron una propuesta al gobierno federal con el objetivo de generar resultados “viables” para todos. Buscan establecer una mesa técnica de negociación en la que el tema sea definir las reglas de operación del Insabi. ¿Tendría el gobierno federal que imponer su visión y poner fechas fatales para los gobernadores? Esta coyuntura debe ser la oportunidad para que estados y gobierno federal sumen esfuerzos en un tema tan importante y delicado como los servicios públicos de salud. Las entidades también tienen ejemplos de calidad en sus hospitales, de cuyas experiencias todos pueden aprender: el resto de los estados, así como la Federación. ¿Por qué no trabajar en conjunto para transformar el sistema de salud? Alcanzar los niveles de calidad que se desea sería más fácil si son muchas la voluntades enfocadas en esa dirección. En asuntos de servicios de salud la confrontación política es un tema que debe ser hecho a un lado. La propuesta de los gobernadores no pide volver al esquema anterior, únicamente plantean la necesidad de una transición ordenada. Construir acuerdos es primordial, mientras más tarden solo se afectará a quienes menos recursos tienen.

21 de Enero de 2020

1.  ¿Para adelante o para atrás? Ayer se estrenó la nueva sala de prensa de Palacio Nacional. El espacio se localiza apenas entrando al recinto, vía la calle de Moneda, y es más amplia que la anterior. Es más grande que la de Hacienda, pero no todos los reporteros quedaron complacidos. Se trata de apoyar a los periodistas, pero el primer inconveniente es notar que la nueva ubicación obstaculiza el conocer quién entra y quién sale de reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Antes era más fácil conocer la agenda privada de sus reuniones, porque bastaba con salir al pasillo y observar a quienes pasaban. Ahora, necesariamente hay que salir a la calle de Corregidora o a Moneda para ver quién llega a Palacio Nacional. Sí, un poco más de trabajo, pero lo lograrán.

2. A la primaria. Mauricio Alberto Ruiz Olaes, diputado local en Querétaro por Morena, se convirtió en el funcionario más comentado en redes sociales por el pequeño desliz que tuvo al aseverar en entrevista que una de las opciones planteadas por el presidente López Obrador para deshacerse de la aeronave “no es una ocurrencia” y se trata de un esquema para liberar recursos. “Se ve claramente una estrategia, si se rifa el avión se puede pagar la deuda externa, que es de dos mil 700 millones de pesos; habría una utilidad de 300 millones”, precisó, en un tono muy docto. Que alguien le explique que, según datos del Banco de México, la deuda externa se calcula en 456 mil 251 millones de dólares o que lo envíen a urgentes clases de matemáticas. Qué oso.

3. ¿Pues cuántos hay? A últimas fechas, en Guanajuato se les da la costumbre de utilizar grandes cifras. Sí, del 1 al 15 de enero de 2020 se han registrado 180 asesinatos en el territorio gobernado por Diego Sinhue Rodríguez, es decir, 12 al día. Pero algo debe cambiar a raíz de que autoridades de seguridad del estado detuvieron a por lo menos 24 personas pertenecientes a células delictivas. Con ellos, también se aseguró el arsenal que utilizaban para la comisión de diversos actos delictivos, principalmente homicidios. Eran 37 armas de fuego, mil 132 cartuchos útiles de diversos calibres; 109 cargadores, 28 granadas explosivas, así como lanzagranadas... Qué números tan grandiosos, 24 capturados en cinco días. ¿Pues cuántos sicarios tienen en el estado, señor gobernador?, ¿y apenas se van dando cuenta?

4. Tiroteo amigo. El diputado morenista Alfredo Ramírez se pronunció por investigar las versiones públicas con respecto al desvío de dinero del extinto Seguro Popular para fines distintos a los servicios de salud en Michoacán. Cuestionado respecto a Leonel Godoy, hoy operador político de Morena, Ramírez enfatizó que todo funcionario público debe prepararse para ser investigado y auditado. “Creo que ya fue auditada la administración de Godoy y, si hay un indicio, debe continuar esa investigación y, como dice López Obrador: todos estamos sujetos a que nos investiguen”. Pidió deslindar responsabilidades en el quebranto financiero al Seguro Popular. Así que ahora estamos en una política de caiga quien caiga. ¿Cuántos de Morena estarán en la mira de sus propios compañeros?

5. Tarea para el Cuau. Dos videos de las cámaras de seguridad de una tienda de cristalería y plásticos muestran cómo un elemento de tránsito que llegó a impedir un asalto, el pasado viernes por la noche, es desarmado por tres ladrones y asesinado en el lugar sin que recibiera apoyo de los policías que patrullan la zona. El video, filtrado a los medios, tiene un reloj que marca las 19:02 horas, momento en el que ponen en marcha el atraco. El ladrón saca el arma de la cintura y se aproxima al guardia de seguridad para someterlo. Por más de un minuto con 48 segundos discute con un segundo ladrón y por la espalda llega un tercer delincuente y le disparan. Esta afrenta a la autoridad merece castigo, así que si quiere subir un poquito su deteriorada imagen, el gobernador Blanco debe detener a los asesinos in-me-dia-ta-men-te. Por su propio bien.