Los taxistas organizados de la Ciudad de México han manifestado su descontento ante la llegada de aplicaciones como Uber y Cabify, operadas por empresas alemanas y españolas respectivamente, que se ofrecen como intermediarias entre pasajero y chofer. Los taxistas organizados aseguran que los autos que prestan ese servicio son en realidad igual que los “taxis piratas” pues no operan bajo ninguna regulación de la Semovi.

 

Desde hace casi seis meses comenzaron a manifestar su descontento hasta que hoy llegaron al extremo de tomar las calles, argumentando nula respuesta de las autoridades.

 

Los ejecutivos de estas empresas se defienden con un solo argumento: ellos no ofrecen un servicio de transporte, sino de reservaciones electrónicas. Además, aseguran que no roban mercado a los taxistas, pues el servicio que el usuario contrata es el de “choferes privados ejecutivos”, bajo su propia responsabilidad. Aseguran que lo que los usuarios de su aplicación buscan es un transporte donde resalte la calidad, el buen trato y hasta un cierto estatus. En cuanto a seguridad, se limitan a afirmar que conocer los datos y fotografías tanto del chofer como del usuario es una garantía para ambas partes.

 

Lo cierto es que esta modalidad es una opción laboral para quien quiera manejar un auto, trasladar personas y ganar dinero. Hay que resaltar es que ni Uber ni Cabify ofrecen realmente empleo para choferes. En realidad buscan a personas que quieran ser “socias”.

 

No se firma un contrato de prestación de servicios, por lo cual no existe ninguna responsabilidad laboral de la empresa con el chofer, ni obligación de otorgar ninguna prestación. 

 

En los términos y condiciones que el usuario acepta para poder comenzar a utilizar estas aplicaciones en su teléfono, ambas empresas aclaran estos puntos por lo que, en teoría, ambas partes están conscientes de que están llevando a cabo un trato entre particulares, y que las empresas de reservación electrónica se deslindan de toda responsabilidad de lo que ocurra durante el viaje. Esto, siempre y cuando ambas partes hayan leído con detalle los términos y condiciones antes de aceptarlos.

 

Es por esta acotación legal que los choferes que prestan estos servicios no requieren tener la licencia tipo B que se les exige por ley a los taxistas en el Distrito Federal, ni tampoco un seguro comercial para su auto, que resulta mucho más costoso que el que utilizan los autos particulares. Tampoco se les exigen placas de taxi pues, en estricto sentido, no lo son.

 

Vamos a arrancar pero ¿cuál es el camino?

Cualquiera puede ser socio o chofer en servicios de aplicaciones y es muy sencillo.

 

Simplemente con manifestar interés por el modelo de negocio, esta reportera recibió un correo electrónico de un ejecutivo de Uber con ligas para descargar todos los documentos y esquemas que detallan lo que sería prestar el servicio. Sin tener que hablar con ninguna persona, hay que registrarse en una cuenta en el sitio web de la empresa de reservaciones, subir los documentos requeridos y posteriormente, aplicar exámenes de confianza, capacidades y salud que le darán la certificación que la empresa exige para aceptarle como socio o como chofer.  Los documentos que se piden son solamente la licencia tipo A vigente, comprobante de domicilio y un certificado de no antecedentes penales.

 

El auto debe ser de gama media o alta, tener estéreo y ser de un modelo de 2008 en adelante. Ellos envían una lista con marcas y modelos sugeridos.

 

Los exámenes los aplica una empresa externa, especializada en seguridad privada, llamada Control. El candidato a chofer, sea dueño del auto o conductor de flotilla, deberá acudir a las instalaciones de esa empresa, ubicadas en Naucalpan, Estado de México para realizar las pruebas llamadas Control Trust, que según el sitio web de dicha empresa, se definen como un “programa de Control de confianza que certifica la integridad laboral de la persona, previo a su contratación y durante el desempeño de sus funciones en cualquier tipo de organización”. 

 

Estas pruebas incluyen habilidades de manejo, examen toxicológico o antidoping, examen de conocimientos de la ciudad y examen psicológico. Tras haber aprobado los exámenes, el último paso es una entrevista presencial con ejecutivos de Uber. Una semana después, vía correo electrónico, el chofer será informado sobre si fue o no aceptado. En caso de que la respuesta sea afirmativa, debe ir a recoger un iPhone a las oficinas de la empresa, pues esa será su principal herramienta para conseguir clientes. El costo del plan de datos es de 60 pesos semanales, que se descuentan al chofer de sus ganancias.

 

Una vez que el chofer comienza a trabajar, nunca recibirá dinero en efectivo de sus clientes. Uber, como empresa intermediaria, se encargará de hacer los cobros a las tarjetas de crédito de los usuarios y depositará las ganancias a su cuenta semanalmente. Por ese servicio cobra una comisión de 20% por cada viaje a los choferes.

 

De acuerdo con las cifras del último mes del 2014, en la ciudad de México, existen más de 139 mil taxis operando de manera regular, con un total de 200 mil tarjetones de identificación expedidos, lo que significa que un mismo taxi es operado por varios choferes. En ese escenario de competencia, también hay que contemplar que las organizaciones de taxistas han reportado la existencia de más de 20 mil taxis “piratas” circulando y peleando el mercado.

 

A esto se le han sumado los casi 1000 choferes registrados en Uber y Cabify en los últimos meses.

 

Sin embargo, los usuarios consultados aseguran que existen dos factores clave para que decidan entre usar un taxi libre, uno de sitio o un servicio de chofer solicitado vía aplicaciones. El primero es la seguridad y el segundo, la calidad del servicio.

 

Baja la velocidad, ¿ser chofer es legal?

El gobierno capitalino no considera otorgar más concesiones para las unidades de Uber y Cabify, sino que emitirá lineamientos para que puedan ser intermediarios entre un prestador de servicio de transporte autorizado y un solicitante. 

 

Sin embargo, los Taxistas Organizados de la Ciudad de México exigen a las autoridades aplicar las leyes vigentes y sancionar a todos los vehículos “pirata” que transportan pasajeros en la capital del país sin contar con una concesión. También han urgido a los legisladores a incrementar las penas de seis a 10 años de prisión sin derecho a fianza y multa de mil días de salario para quienes ejerzan, promuevan o consientan el transporte ilegal de pasajeros, incluidos los funcionarios públicos.

 

La movilización que hoy ha causado caos vial en la ciudad se debe a que, los taxistas organizados argumentan que la Semovi no presentó ni las presuntas denuncias realizadas según el secretario Rufino H. León, ni el folio de ellas, por lo que acusan al gobierno capitalino de que existe una abierta protección del Gobierno del Distrito Federal para Uber, Cabify y los más de 30 mil taxis piratas que prestan servicio a los usuarios.

 

Alto: pensar y elegir

Uber asegura que ofrece a las personas una opción para ganar dinero, pero no un empleo formal. Es sólo un modelo de autoempleo que, de momento, no tiene una regulación clara en México, tal como ha ocurrido en otras ciudades del mundo donde los taxistas regulados también se han quejado.

 

Pero no hay que perder de vista que en México existen mafias que controlan a los taxistas “piratas” y que los trabajadores del volante han sido históricamente capital y base política.

 

Las autoridades han implementado programas de regulación paulatina, sin embargo, la anarquía prevalece.

 

A esto se suma la falta de garantías de seguridad y calidad en el servicio que provocan que los taxis regulados no dejen satisfechos del todo a su clientes. El caos abre la puerta a más caos. Las leyes cambian pero los reglamentos no están listos con la velocidad que se requiere. Las autoridades no cuentan con suficiente infraestructura para verificar la legalidad y la calidad del servicio de taxis en la ciudad. La gente tiene que seguirse moviendo. Los capitalinos necesitan opciones para ganar dinero en una ciudad donde el desempleo es un problema serio. Al final, la decisión está en manos de cada uno de los involucrados, al igual que la responsabilidad.

 

Y ¿de a como?

Renta de placas de taxi: entre 1200 y 1800 pesos mensuales. 

 

Trámite de la licencia tarjetón tipo B: entre 810 y 1220 pesos (dependiendo de la vigencia). 

 

Exámenes que Semovi pide para otorgarla: Evaluación Médica Integral ($350.00), Curso Básico de Capacitación ($300.00) y el de pericia ($350.00).

 

Comprar placas usadas: entre 85 mil y 100 mil pesos

 

Cesión de derechos: 10,500 pesos. (Ambas formas de comercialización están prohibidas en el artículo 36 de la Ley de Transporte, aún vigente).

 

Pintura de taxi: entre 2000 y 5000 pesos. 

Cromática: entre 400 y 800 pesos.

Autos ya pintados: entre 135 mil y 185 mil pesos.

Autos particulares sugeridos por Uber: entre 70 mil y 400 mil pesos.

Exámenes que deben aprobar los choferes de Uber: 500 pesos.

 

Empresas que ofrecen choferes ejecutivos en México:

Uber (Alemana)

Cabify (Española)

Easy Taxi (Brasileña)

TaxiBeat (Griega)

Yaxi (mexicana)

 

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El Gráfico