La situación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí exhibe varios de los problemas estructurales que enfrentan las instituciones de procuración de justicia en todo el país, así lo señaló Susana Camacho, al presentar la más reciente Radiografía de las Fiscalías en México elaborada por México Evalúa.

La especialista explicó que el estudio analizó el desempeño de las fiscalías durante los últimos ocho años y encontró que, en términos generales, la mayoría son ineficientes y presentan un rezago que crece año con año. En 2018, dijo, existían alrededor de 400 mil casos rezagados; sin embargo, actualmente la cifra supera los dos millones de carpetas de investigación sin resolver.

Asimismo, subrayó que la reforma judicial no ha modificado este panorama, pues la justicia continúa atorada en las fiscalías y mencionó que pocos asuntos logran llegar ante un juez debido a las limitadas capacidades de estas instituciones para integrar investigaciones y posteriormente sostenerlas ante los tribunales.

De igual manera, Susana Camacho recordó que las fiscalías han atravesado por dos reformas importantes en los últimos años: la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y la autonomía de las fiscalías. No obstante, puntualizó que en la práctica muchas de ellas siguen operando bajo una lógica de expedientes de papel y procesos burocráticos.

En este sentido, advirtió que una cuarta parte de los asuntos que permanecen en las fiscalías nunca reciben una respuesta, por lo que insistió en la necesidad de revisar qué está fallando y cómo corregirlo.

Respecto a la autonomía de las fiscalías, Camacho aseveró que esta no se ha materializado plenamente, pues explicó que los fiscales continúan siendo nombrados prácticamente al mismo tiempo que los integrantes de los gabinetes estatales, lo que genera interpretaciones sobre posibles intereses políticos y dificulta la consolidación de un verdadero servicio profesional de carrera.

En el caso de San Luis Potosí, el informe detectó datos particularmente llamativos. La entidad reportó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que el 63.74 por ciento de su plantilla corresponde a personal administrativo y de apoyo, mientras que el porcentaje de policías de investigación ni siquiera figura en los registros.

Además, la especialista calificó como inaudito que la institución no tenga reportados fiscales y que el resto del personal aparezca en categorías genéricas, ni siquiera como peritos. Ante ello, consideró que existen dudas sobre la calidad de la información proporcionada y sobre las condiciones del servicio profesional de carrera al interior de la institución.

Por consiguiente, señaló que esta falta de claridad también genera cuestionamientos respecto a la capacidad de las fiscalías para formar cuadros profesionales que desarrollen una carrera institucional y no sean vulnerables a actos de corrupción.

También destacó que San Luis Potosí enfrenta problemas en la ejecución de órdenes de aprehensión, ya que apenas se cumple el 43 por ciento de las emitidas en la entidad, a ello dijo que este indicador es particularmente relevante porque una orden de aprehensión requiere coordinación entre policías, fiscales y jueces.

En consecuencia, sostuvo que el incumplimiento de estas órdenes se traduce en mayores niveles de impunidad. De hecho, indicó, una de las principales conclusiones del estudio es que gran parte de la impunidad en México obedece a la ineficiencia de las fiscalías.

Finalmente, recomendó que estas instituciones dejen de medir su desempeño únicamente por el número de carpetas abiertas y comiencen a establecer objetivos basados en resultados concretos, como acuerdos reparatorios, judicializaciones exitosas y sentencias obtenidas.

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Además, insistió en que las fiscalías deben poner atención en el creciente volumen de expedientes archivados y avanzar hacia una planeación estratégica que incorpore herramientas tecnológicas para fortalecer las investigaciones, combatir la corrupción y mejorar el seguimiento de las denuncias presentadas por la ciudadanía.