Lo que inició como una aparente oportunidad de “apoyo económico” para maestros, jubilados y pensionados terminó convirtiéndose en un presunto fraude millonario que hoy mantiene a cientos de familias atrapadas en deudas impagables, descuentos automáticos y procesos legales que avanzan lentamente. En Querétaro, el caso ya suma más de 500 denuncias formales y podría alcanzar hasta mil 200 personas afectadas, de acuerdo con testimonios y carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía. El esquema habría operado a través de una supuesta fundación denominada “México de Mil Colores”, vinculada con créditos digitales otorgados por una financiera que realizaba cobros vía nómina o pensión. Las víctimas aseguran que nunca solicitaron préstamos. A ellas se les ofrecían “apoyos” económicos que supuestamente no tendrían costo, siempre y cuando devolvieran una parte del dinero en calidad de “donación”. “Nos dijeron que era un apoyo, que no íbamos a pagar nada. La condición era regresar el 65% como donación y quedarse con el resto”, relata Isaac, pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Su caso refleja el patrón denunciado por decenas de afectados. Tras entregar únicamente identificación oficial y comprobantes de pensión, recibió en cuestión de horas un depósito superior a los 220 mil pesos. Después transfirió cerca de 143 mil pesos a una cuenta particular relacionada con la fundación. Dos meses más tarde comenzaron los descuentos mensuales en su pensión. Actualmente enfrenta pagos cercanos a los 7 mil 500 pesos mensuales durante cinco años, lo que elevaría la deuda total a más de 450 mil pesos, pese a que únicamente conservó alrededor del 35% del dinero originalmente depositado. El mismo mecanismo con docentes

El esquema, según testimonios, también alcanzó a trabajadores de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ). Wendy, trabajadora del sector educativo y familiar de uno de los afectados, asegura que la captación se realizó mediante correos institucionales y grupos de WhatsApp relacionados con organizaciones sindicales. Los mensajes ofrecían préstamos desde 10 mil hasta un millón de pesos “sin aval”, “sin revisión de buró” y con trámites completamente digitales. Los descuentos serían aplicados directamente vía nómina. “Todo era digital. Nunca se hablaba de un crédito como tal, sino de un apoyo”, explica. La mecánica, dice, consistía en recibir el depósito y posteriormente transferir el 65% a la fundación y otro 10% adicional por “gastos administrativos”, dejando a los beneficiarios con apenas una cuarta parte del recurso total. Sin embargo, los descuentos aplicados por la financiera correspondían al 100% del préstamo, con intereses superiores al 53%. “Muchos maestros ya tienen otros descuentos y salarios limitados. Había madres solteras, compañeros con doble turno y familias enteras dependiendo de ese ingreso. Por eso el ofrecimiento resultó tan atractivo”, relata Wendy. Contratos presuntamente alterados

Uno de los elementos que más preocupa a los denunciantes es la forma en que se habrían generado los contratos. Las víctimas sostienen que jamás firmaron documentos físicos y que todo se realizó mediante tabletas electrónicas. Posteriormente, al solicitar copias de los contratos, detectaron firmas aparentemente extraídas de sus credenciales de elector. “Las firmas se ven pegadas digitalmente, como si hubieran tomado una imagen del INE y la hubieran insertado en el documento”, denunció Wendy. Los afectados consideran que podría existir una red organizada que aprovechó vacíos en la validación de créditos digitales y el acceso a datos personales. Una red que ya alcanzó otros estados

Aunque el epicentro de las denuncias se concentra en Querétaro, el presunto fraude ya muestra ramificaciones en otras entidades del país. Docentes y pensionados de Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Tlaxcala habrían reportado el mismo modus operandi: ofrecimientos de apoyos económicos, depósitos inmediatos, transferencias obligatorias a cuentas particulares y posteriores descuentos automáticos por créditos no reconocidos. “Es el mismo esquema, solo cambian quienes lo operan en cada estado”, aseguran los denunciantes. Señalamientos y silencio institucional

Las víctimas también apuntan hacia posibles responsabilidades institucionales por permitir la difusión de estos ofrecimientos mediante canales oficiales y estructuras sindicales. Hasta ahora, los afectados denuncian falta de respuestas contundentes tanto de autoridades educativas como de instancias financieras. “Gobierno del estado no puede minimizar esto. No son 30 afectados; somos cientos de maestros, jubilados y pensionados”, reclamó Wendy. Mientras tanto, las carpetas de investigación continúan abiertas y los descuentos siguen aplicándose cada quincena o cada mes a trabajadores y pensionados que aseguran haber sido engañados. El caso exhibe las vulnerabilidades en los sistemas de créditos digitales, el manejo de datos personales y la ausencia de controles efectivos para proteger a sectores vulnerables frente a esquemas financieros disfrazados de ayuda social. Para muchas de las víctimas, el daño ya está hecho. “Si hubiera sido un error mío, lo pagaría. Pero no puedo pagar algo que nunca pedí”, concluye Isaac.