Editorial EL UNIVERSAL / ¿Es populista López Obrador?

El populismo no es algo nuevo, su existencia casi podría configurarse desde el nacimiento de la política misma. Podría decirse incluso que en cierto sentido todo político tiene algo de populismo en las hebras más finas de su ser. Sin embargo, esa concepción quizá podría pertenecer al terreno de la filosofía política. Hoy por hoy, lo que nos trae a hablar de populismo un día si y al otro también es la realidad pura y dura a la que nos enfrentamos a diario. 

Los últimos años hemos sido testigos del ascenso de líderes populistas en un continuum que parece no tener fin. A pesar de todo, pareciera que siguen existiendo resistencias tanto a catalogar a un régimen como populista o bien a admitir que el populismo es ideológica y prácticamente nocivo para la democracia en un país, cualquiera que este sea.  El debate académico continúa y continuará por mucho tiempo, sin embargo, a pesar de él, es posible sentar las bases para que cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo tenga capacidad de reconocer si su gobierno ha pasado de ser democrático a ser populista. El primero es el discurso, ese discurso que alude para cualquier decisión a “la voz del pueblo”; que se escuda en hablar por los pobres y por los ciudadanos a la hora de tomar cualquier decisión.  El segundo asunto es la creación de un enemigo común para ese “pueblo bueno”. Cotidianamente el enemigo será la élite o un grupo en particular que sea, por definición, lo contrario al pueblo y el cual, desde el discurso del populista, se opone al cambio que beneficiaría “a la mayoría”. Cotidianamente ese enemigo suele ser representado por empresarios, la oposición política, grupos religiosos contrarios y en muchos casos en América Latina el enemigo por definición es “el imperialismo estadounidense”. Mantener la idea de ese enemigo le permite al populista mantener una unión a su alrededor, jugar el papel de víctima de “poderes ocultos” y polarizar a la sociedad que, una vez dividida en sus propios intereses compartidos (particularmente el bien común) se debilitará permitiendo que el populista y su grupo se empodere aún más.  A pesar de ello, no hay que llamarse a engaño. El populismo no tiene una ideología detrás. Puede haber populismo de izquierda y de derecha. Si se tratara de uno de izquierda sabríamos que nos enfrentamos a, por ejemplo, procesos estatizadores (nacionalizaciones como se llamaron en los últimos años en Bolivia), el incremento de recursos destinados a programas sociales; el despilfarro de recursos, por mencionar solo algunos. Gobiernos como los de Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina o Evo Morales en Bolivia.  Por otro lado, si se tratara de un gobierno populista de derecha estaríamos frente un gobierno que privilegiaría la reducción del gasto estatal; daría un gran espacio de movilidad a las Fuerzas Armadas (con el consecuente aumento de poder); enfocaría su discurso en el proteccionismo interno, la oposición a la inmigración y buscaría mantener una buena relación con Estados Unidos. Gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil o Donald Trump. Ni duda cabe de que el gobierno de López Obrador cumple con los dos elementos citados para reconocer el populismo, sin embargo, su falta de claridad ideológica genera bastante incertidumbre tanto a nivel interno como internacional. Su actuar puede caer, en un lado o en el otro según el integrante de su equipo que haya pesado más el día anterior. Por eso da bandazos y por eso, su populismo es aún más peligroso pues, a diferencia de otros casos, con él, sabemos que es populista pero no sabemos si por la mañana nacionalizará la banca y por la tarde anunciará la desaparición del IMSS.  OPINIÓN / Reforma electoral ¿para qué?

Las instituciones electorales cumplen funciones indispensables para el Estado mexicano. Tienen el mandato constitucional de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y fomentar su participación, fortalecer el régimen de los partidos políticos, facilitar la trasmisión ordenada del poder e integrar los órganos de representación política. Su buen desempeño abona a la estabilidad política y económica del país. Soslayar su papel dentro del espacio público sería negar la importancia de un actor fundamental durante la transición a la democracia. La liberalización del régimen político fue un camino de cambios continuos y graduales. Sin un momento de ruptura radical o refundacional, el proceso de transición estuvo precedido de sucesivas reformas electorales. Estos cambios cumplieron con su objetivo en momentos críticos de la historia moderna de México. La reforma de 1977 permitió incorporar a nuevos actores a la arena política. A falta de pluralismo se aprobaron las diputaciones de representación proporcional, el registro condicionado de los partidos, el acceso al financiamiento público y la posibilidad directa de que fuerzas políticas con registro nacional pudieran participar en elecciones estatales y municipales. En 1986 se amplió la representación proporcional a 200 diputaciones y los partidos ganaron el reconocimiento constitucional como entidades de interés público. En los noventas se avanzó más que nunca: se creó al IFE como órgano constitucional autónomo e inició la fiscalización de los recursos de los partidos con la introducción de mecanismos de auditoría y compulsa. En 1994 se determinó que el Tribunal Electoral calificaría la elección bajo principios procesales y no políticos, se introdujo la figura de los observadores electorales, se incorporó la representación proporcional en el Senado y cambió la conformación del Consejo General del IFE: los partidos políticos perdieron su derecho a voto y su representación se volvió unipersonal. Ante los resultados de la contienda presidencial volvió el ciclo de reformas. Estas modificaciones fueron una reacción a la profunda inequidad: se integró un IFE ciudadanizado, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano que vigila la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades electorales y tramita los juicios ciudadanos en defensa de los derechos político-electorales, se renovaron las condiciones de la competencia con el esquema de financiamiento público que prevalece hasta nuestros días: 30% igualitario y 70% proporcional a los votos. En su momento, la reforma de 1996 significó el mayor logro de la oposición: consolidar su presencia en el Congreso y ser un contrapeso del presidente. Desde 1997 la realidad política cambió. México vivió durante décadas bajo gobiernos divididos con jefes del ejecutivo que tenían que negociar sus proyectos de gobierno con el legislativo. Ante el reclamo de la oposición y la estrecha diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección presidencial de 2006, se forzó un nuevo ciclo de reformas que tenía como objetivo mejorar la calidad de la contienda. En 2007 se estableció una nueva fórmula para calcular el financiamiento público, se prohibió la compra de espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales, se regularon precampañas y se reforzaron las capacidades de fiscalización al eliminar el secreto bancario, fiduciario y fiscal. Finalmente, en 2014 se nacionalizó la organización de las elecciones. El IFE dio paso al INE y el sistema nacional electoral se redefinió con competencias compartidas entre las autoridades. El objetivo fue elevar los estándares de la organización de los comicios y despolitizar la integración de los órganos electorales locales. Desde 1977 México no ha parado su ciclo de reformas electorales. Las autoridades han venido sumando atribuciones y han cumplido cabalmente con sus funciones, de otra manera serían inexplicables la creciente pluralidad y la cantidad de alternancias políticas en los tres niveles de gobierno. En 2018, el voto mayoritario de los ciudadanos decidió la tercera transición federal en un clima de estabilidad con el consentimiento del resultado por los perdedores y el reconocimiento al desempeño de las autoridades electorales. Las reformas que México vivió fueron impulsadas por la oposición y negociadas con el gobierno para procesar los reclamos de pluralidad, equidad y calidad en la contienda. Frente a esta historia de transformaciones, la oposición no tiene en la agenda legislativa el tema electoral. Sin embargo, el partido mayoritario quiere abrir la discusión sobre un nuevo ciclo de reformas. Si no es para controlar o capturar al órgano electoral, entonces cabe preguntarnos ¿para qué?

  Frentes Políticos

1. En esta esquina… La Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que buscará concluir el juicio político contra Rosario Robles en marzo del 2020, fijó plazo para el 10 de diciembre para que solicite su derecho de audiencia para defenderse, informó el diputado Pablo Gómez. El pasado lunes, Robles fue notificada en el Penal de Santa Martha, donde se encuentra recluida. Tiene hasta el próximo martes para pedir audiencia presencial o por escrito. Gómez explicó que en caso de que sea presencial solicitará al juez correspondiente su traslado del penal a San Lázaro. Si la funcionaria se niega a declarar, tomarán su silencio como un rechazo a las acusaciones en su contra. ¿Quién lo hubiera imaginado, Pablo Gómez y Rosario Robles en el lado opuesto de esta historia con todos los tintes de venganza política? 2. La cruda realidad. En entrevista, Julián LeBarón consideró que el término terrorista o cualquier otro que se le dé al crimen organizado, así como armar a las personas para defenderse, no resolverán el problema de la inseguridad. Tras reunirse con Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Presidente reconoció que los grupos delincuenciales están coludidos con las autoridades. “Reconoció que los poderes judiciales están podridos hasta la médula, que los gobernadores se corrompen con el crimen organizado, que todos los municipios están cooptados”, señaló. Palabras que obligan al trabajo y esfuerzo de todos para superar los grandes retos que el país enfrenta. Debe haber respeto por el dolor de la familia LeBarón, así como de todas las víctimas. No hay asesinatos de primera y de segunda. Lo que prevalece es la exigencia de justicia. 3. Sanción ejemplar. La congruencia sigue al gobernador Omar Fayad, quien pide a los hidalguenses trabajar “por alcanzar un mejor estado, en el que el desarrollo social y económico sea una realidad”. Incentivos y programas han logrado reducir la gran brecha de oportunidades. Hoy los jóvenes tienen una mayor igualdad en el acceso a diversos programas y acciones. Y para aquellos que no se alinean con las reglas, también tienen lo suyo. Por el secuestro de un comerciante por el que exigían un rescate de 150 mil pesos, cinco sujetos fueron sentenciados a 110 años de prisión. Los hechos ocurrieron en abril del 2018, y colaboraron en el caso todas las instancias de la entidad, hasta encontrar ejemplar justicia. Quienes delinquen deben saber de estas condenas. Se les quitarían las ganas. 4. En la nada. Santa Lucía es el mayor logro de Andrés Manuel López Obrador, en infraestructura, considera Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes. “Uno de los grandes logros, desde luego, es haber iniciado la construcción del aeropuerto de Santa Lucía”, comentó y reconoció que con la edificación de esta terminal aérea se mejorarán las condiciones aeronáuticas del país y se desahogará el actual aeropuerto capitalino, en conjunto con la reactivación del de Toluca. Dice que iniciar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía es uno de los logros más importantes del gobierno federal en su primer año, pero en realidad esto será un logro hasta que esté concluido. Mientras tanto son sólo promesas. 5. Inconveniente bajo perfil. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, asistirá al Encuentro Nacional Ganadero, a realizarse en Querétaro. El presidente de la Unión Ganadera Regional de estado, Alejandro Ugalde Tinoco, confirmó su asistencia y le expondrá la situación actual de la ganadería local. Mencionó que ante la falta de presupuesto y voluntad política, es tiempo de autocrítica, de aprender de los errores del pasado para no cometerlos en el futuro. También, pedirán ser contemplados en el Programa de Crédito a la Palabra, para el cual la federación destinó mil millones de pesos. Ya es hora de resultados, secretario. Nadar de muertito en la 4T no le conviene. Ni a usted ni al país. Bitácora del director / Las prisas por resolver la masacre de Bavispe

Me dice Patricia Hernández que sus hermanos son inocentes.

Lo sé, no sería la primera vez que alguien meta la mano al fuego por sus familiares y salga chamuscado, pero el resto de su relato tiene mucho de inquietante, pues, a mi juicio, pone en duda que Héctor Mario y Luis Manuel hayan tenido que ver con el asesinato de los nueve integrantes de la comunidad LeBarón, el 4 de noviembre, en una brecha del municipio de Bavispe, Sonora.  De acuerdo con Patricia —con quien hablé ayer, en Imagen Radio—, sus hermanos estaban en su casa, en Janos, Chihuahua, la mañana del domingo pasado, cuando agentes de la SEIDO llegaron a buscar a Cipriano, el vecino. No lo encontraron, dice Patricia, porque Cipriano y su mujer están en Estados Unidos haciendo un trámite derivado de un accidente automovilístico. Cipriano es el dueño y operador de la única grúa que hay en Janos. Esa historia la corrobora el alcalde del municipio, Sebastián Pineda, con quien también hablé ayer.

Cada vez que hay un accidente o se descompone un auto, a quien llaman para mover los vehículos es a Cipriano. Él es también presidente de un club cinegético, por lo que guarda en casa varios rifles de cacería, debidamente registrados, mismos que los agentes se habrían llevado luego de forzar su entrada en el domicilio. De la casa de Cipriano se pasaron a la suya. Ahí encontraron a Héctor Mario y a Luis Manuel. Además de ser propietarios de algunas cabezas de ganado, los hermanos están a cargo de su padre, quien perdió la movilidad a causa de una embolia. Como todos los días, Patricia llegó a la casa para cambiarle el pañal a su padre y darle de desayunar. Me dice que toma un medicamento muy fuerte y que necesita ingerir alimento de inmediato para evitar problemas gástricos. Cuando llegó, encontró la puerta abierta y algunos vidrios quebrados. Su padre estaba solo. Fue un vecino quien le dijo que a sus hermanos se los habían llevado “unos agentes como de la PGR en una camioneta sin logotipos”. Un vecino había escuchado que los detenidos se quejaban de que les habían sembrado droga. El alcalde Pineda dice que conoce a los hermanos Hernández, pero que “no muy bien, porque yo no vivo en la cabecera municipal, sino en una comunidad a 35 kilómetros de distancia”. Aun así, agrega, se le hace raro que sean miembros de un cártel, pues, si lo fueran y tuvieran dinero, su padre no estaría en casa, sino en un hospital, con cuidados especializados. Patricia dice que cuando pobladores de Janos bloquearon la carretera a Nuevo Casas Grandes para exigir la presentación de sus hermanos, las autoridades accedieron a ponérselos al teléfono para que cesaran la protesta. “Se me hizo raro que lo primero que me dijo Héctor Mario es que no los habían golpeado. Luego, me comentó que estaban bien y me pidió que quitáramos el bloqueo. ¿Por qué me dijo que no los habían golpeado, si yo no se lo pregunté?”.

Antes de entrevistar a Patricia, busqué al fiscal Alejandro Gertz Manero para conocer la posición de la Fiscalía General de la República, que está a cargo de la investigación sobre el multihomicidio de Bavispe y de la que dependen los agentes que se detuvieron a los hermanos Hernández. “Apelo a su comprensión, no estamos saliendo a medios”, fue la respuesta que enviaron desde su oficina. Insisto en lo que escribí aquí ayer: es fundamental que la investigación de este caso, que ha conmovido a todo el país, sea transparente.