San Luis Potosí, México (21 junio 2018).- Las denuncias penales presentadas contra los candidatos a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade Kuribreña, no son otra cosa más que intentos desesperados por afianzarse en el segundo lugar de la contienda electoral, dado que ninguna de las denuncias tiene un sustento jurídico, declaró Jorge Chessal Palau, analista jurídico, en entrevista para WFM 100.1. En días pasados, el senador panista Ernesto Cordero presentó una denuncia penal contra el candidato de su partido Ricardo Anaya Cortés, por presunto lavado de dinero, luego que se difundiera un video en donde se le implica en una red de lavado de dinero. Días después, integrantes de la coalición “Por México al Frente”, presentaron una denuncia penal contra José Antonio Meade Kuribreña, por presuntamente haber beneficiado, cuando fue funcionario federal, a una empresa ligada al caso Odebrecht. Chessal Palau dijo que en el caso de Ricardo Anaya, el video no es suficiente para justificar ante un juez la existencia de un delito, dado que ni siquiera se tiene certeza de que el video sea real, mientras que la denuncia contra Meade tampoco tiene sustento, dado que no se le puede imputar un delito simplemente porque él era el titular de una Secretaría, sino que se debe demostrar que efectivamente participó en la comisión de un delito, por lo que consideró que ambos casos tienen más que ver con lanzar un tema a la opinión pública para mover el sentido del voto. Mencionó que ambos candidatos están buscando posicionarse en el segundo lugar de la contienda para poder hacer efectivo el voto útil en contra de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo sus estrategias están siendo poco efectivas, debido a que los ciudadanos ya están saturados de información política y a estas alturas de la campaña ya no les interesa poner atención en esos escándalos; aunado a que con estas actitudes el único mensaje que están enviando es que solo ven sus intereses personales y son capaces de hacer lo que sea con tal de lograrlos. Señaló que, aún cuando estas imputaciones fueran reales, tardaría un periodo mínimo de 6 meses para integrar una carpeta de investigación que tenga los suficientes elementos para que un juez dicte una sentencia, por lo que esto podría ocurrir una vez que alguno de estos candidatos fuera Presidente de la República, en caso de que alguno de ellos dos resultaran electos y por tanto tendría que haber un juicio de desafuero en el Congreso de la Unión.