La investigación por el “MochesGate” no solo debe seguirse por la vía penal, también se puede sancionar y castigar por la vía administrativa, lo que obligaría a los responsables a pagar una penalización de tipo económico y podrían ser inhabilitados temporal o definitivamente para ejercer en la función pública, aseguró el abogado José Mario de la Garza, presidente nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.  La demanda tendría que presentarse ante el Tribunal Administrativo de San Luis Potosí, por parte de algún afectado de Ciudad del Maíz y el proceso podría tardar más de 12 meses en resolverse, porque se da derecho de audiencia a los implicados, se presentan pruebas y se emite una sentencia. “Sería una demanda de tipo administrativo por daños que se le causan al Estado, por acción indebida de un funcionario público, por no realizar una obra pública, las sanciones son una penalización de tipo económico y pasa por inhabilitar temporal o definitivamente al funcionario”. Sin embargo, a los diputados involucrados no se les podría realizar un proceso administrativo porque no son ejecutivos, a ellos los rigen otras leyes, porque la ley es clara al señalar que no están facultados para manejar recursos públicos para la ejecución de obras. En una demanda de este tipo solo podría incluirse a los funcionarios municipales de Ciudad del Maíz y al gobierno estatal. “Las gestorías las hacen fuera de la ley, no existe el marco jurídico para sancionarlos, lo hacen de facto… entonces la investigación hacia ellos tiene que sostenerse desde la parte penal”. Sobre la investigación penal dijo que como algunos diputados han empezado a decir que no están involucrados, porque ellos solo actuaron como gestores, recomendó a la Fiscalía seguir la ruta del dinero, como debe hacerse en casos de corrupción.  “Se debe investigar quiénes participaron, cómo se contrataron los trabajos, cómo se hicieron las licitaciones, qué empresas están involucradas, quiénes son los socios de esas empresas, donde están localizadas esas empresas, quiénes recibieron el dinero y ver si los diputados también recibieron algún beneficio”. Finalmente, precisó que si la investigación se arma como asociación delictuosa y crimen organizado, puede buscarse que queden privados de su libertad, porque estos delitos están catalogados como graves y la prisión preventiva no quedaría a discrecionalidad del juez.