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Las pérdidas económicas recaen directamente sobre los empresarios
01:50 jueves 27 noviembre, 2025
San Luis
Los bloqueos carreteros y aduaneros en diversos puntos del país están generando graves afectaciones a la economía nacional y al sector importador y exportador, elevando los costos operativos y paralizando miles de transacciones diarias. Óscar Rueda, abogado aduanero y director del Consorcio Jurídico Aduanero, advirtió en Así las cosas en el Bajío que las pérdidas económicas recaen directamente sobre los empresarios.
Rueda señaló que las aduanas ya operan con importantes atrasos debido a la burocracia, la falta de personal y los presupuestos austeros. La suma de bloqueos agrava la situación, impactando la logística y generando costos extraordinarios:
Un contribuyente promedio puede gastar alrededor hasta cinco mil pesos al día por la falta de liberación de su mercancía, cubriendo almacenajes y demoras, una vez vencidos los plazos libres.
Operaciones detenidas
Las aduanas afectadas detienen por completo su operación. En 2024, se tramitaron 21 millones de pedimentos en las 50 aduanas del país, lo que dimensiona la magnitud de la paralización.
Al menos tres aduanas fronterizas importantes —Nuevo Laredo (la principal del país), Reynosa y Tijuana— se encontraban directamente afectadas por los bloqueos.
El experto indicó que, ante estos sucesos, los empresarios optan por no operar o, si la mercancía ya está en la aduana, deben esperar a que pase la contingencia y absorber los gastos extraordinarios. Si estos gastos se vuelven la norma, el impacto se trasladará al consumidor final.
Respecto a la legalidad de los bloqueos, Rueda explicó que existe un complejo conflicto de derechos, como el de la Manifestación; las expresiones de transportistas y agricultores se entienden como un ejercicio del derecho a manifestarse de manera pacífica.
El derecho al libre comercio se ve coartado, afectando las actividades lícitas de comercio de importadores y agentes aduanales, además de impactar otros sectores sociales, como el acceso a servicios médicos.
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El especialista señaló que es responsabilidad del Estado intervenir para que se respeten ambos derechos, aunque es una tarea sumamente compleja de llevar a la práctica.